Defensa del monte: bloquean topadoras y denuncian incendios
Esta semana se conocieron a través de los medios nacionales distintas acciones relacionadas con la defensa del monte nativo en las provincias de Córdoba y Santiago del Estero.
Lo de Córdoba trascendió por una nota publicada por Clarín que da cuenta de la intencionalidad de los incendios que se suceden en el norte del Valle de Punilla donde se han registrado múltiples inicios de fuego en lo que va de este año como ya dió cuenta este portal en un posteo publicado el 13 de julio pasado.
Agenda nacional
Ahora el tema llegó a la agenda mediática nacional y Clarín tomó la delantera con una nota donde da cuenta de la situación que se vive en ambas márgenes de la Ruta Nacional 38
Arrasaron bosques en una superficie equivalente a media ciudad de Buenos Aires
Los activistas de Greenpeace se interpusieron entre las topadoras y el bosque; y luego bloquearon su funcionamiento mediante la instalación de cepos en las palancas de manejo.
Según Greenpeace, desde hace una década la familia Canido viene deforestando en varias fincas en la provincia de Santiago del Estero, para desarrollo agropecuario, manteniendo conflictos con familias campesinas e indígenas. La organización ya los denunció en el año 2016.
“Hay una clara complicidad del Gobierno provincial, ya que los dueños de Manaos tienen permisos para desmontar y producir ganadería en una zona donde la Ley Nacional de Bosques no lo permite. La deforestación afecta a la rica biodiversidad de la región y el área de uso comunitario del monte de familias campesinas”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
En la página excesodedesmontes.org se puede firmar la petición a la empresa para que frene el desmonte.
Santiago del Estero es la provincia con más deforestación del país de las últimas décadas. Según datos oficiales, desde 1998 en la provincia se desmontaron más de 2 millones de hectáreas de bosques nativos.
“Más desmonte implica más cambio climático, más desaparición de especies, más inundaciones, más desertificación, más enfermedades, más desalojos de campesinos e indígenas, y más pérdida de alimentos, maderas y medicinas. Destruir bosques es un crimen que debe convertirse en un delito penal”, finalizó Giardini.
