Europa cierra la puerta de ingreso a carne y soja provenientes de territorios deforestados
Una nueva normativa impide que los países de la Unión Europea importen productos alimentarios que no puedan certificar que son libres de deforestación. ¿Qué está haciendo Argentina para cumplir con esa ley?
El Parlamento Europeo acaba de aprobar por amplia mayoría una nueva normativa que prohíbe la importación de productos alimentarios y de otros tipos (como carbón y papel) que procedan de zonas deforestadas después de diciembre de 2020. Es la primera ley a nivel global de este tipo y obliga a los países productores de commodities agropecuarios a afinar sus estrategias productivas y comerciales, para no empezar a perder mercados importantes cada vez más atentos a los criterios socioambientales a la hora de elegir qué consumir.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) calcula entre 1990 y 2020 se perdieron 420 millones de hectáreas de bosques por la deforestación, una superficie mayor que la de la Unión Europea cuyo consumo es responsable de alrededor del 10% de ese desmonte global. El aceite de palma y la soja representan más de dos tercios de esta cifra.
Argentina es un importante productor y exportador mundial de carne, soja, maíz y trigo, y si bien la Ley de Bosques sancionada en el año 2008 acotó la deforestación, cada año centenares de miles de hectáreas siguen desapareciendo por acción de las topadoras, sobre todo en las cuatro provincias del Gran Chaco Argentino: Formosa, Salta, Santiago del Estero y Chaco. Según el monitoreo anual de deforestación que realiza Greenpeace, el año pasado desaparecieron unas 200 mil hectáreas en el norte del país por la expansión de la frontera agropecuaria.
Qué dice la nueva ley europea
La nueva ley del Parlamento Europeo contra la “deforestación importada” de productos establece, en primer lugar, que no podrán ingresar a ese continente productos que tengan como origen territorios deforestados a partir de principios del año 2020, sean estos desmontes legales o ilegales. Eso incluye a la carne, la soja, la madera, el cacao, el café, la palma, el caucho, el carbón y el papel.
Además de no generar deforestación, los productores –para poder sostener o ingresar a los mercados europeos– deberán respetar las leyes locales, los derechos humanos y los derechos de los pueblos originarios, muchas veces habitantes de las porciones de territorio que padecen la extensión de la frontera agropecuaria.
Según datos de Greenpeace, en 2022 desaparecieron unas 200 mil hectáreas de bosque nativo en el norte argentino por la expansión de la frontera agropecuaria.
Gentileza: Martin Katz | Greenpeace.
Según explica en detalle un comunicado de la organización Greenpeace, si no se cumplen estos puntos “las empresas perderán la posibilidad de exportar a Europa” y además se clasificará a los países –o a regiones dentro de los países– con una especie de sistema de semáforo que señale el bajo, medio o alto riesgo ambiental mediante una evaluación de 18 meses. “Cuanto mayor sea el riesgo deforestación, mayor será el control sobre las empresas para exportar a Europa”, señalaron desde Greenpeace.
Un detalle no menor: el texto europeo incluye a los bosques primarios y secundarios, pero no a los humedales. “Esta ley europea para evitar la deforestación importada es un paso muy importante, pero llevará tiempo su correcta implementación. Las exportaciones de soja y ganadería de Sudamérica a China y otros países de Asia seguirán provocando deforestación”, alertó la organización ambientalista.
Experiencias en Argentina
Desde hace un tiempo existen diferentes experiencias en Argentina que buscan reducir el impacto ambiental de la ganadería y de la agricultura y establecer sistemas de trazabilidad que permitan certificar que tanto la carne como los granos se hacen con deforestación cero.
Una de esas experiencias es la que auspicia el Land Innovation Fund (LIF) a través de financiamiento para proyectos de innovación en América del Sur, una iniciativa de la cual participan la Fundación ProYungas, la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (Aapresid) y la Fundación Moisés Bertoni, de Paraguay, desde donde se busca impulsar una cadena de suministro de soja sustentable, libre de deforestación y la conversión de vegetación nativa en tres biomas prioritarios: Cerrado, Gran Chaco y Amazonas.
A través de 28 proyectos, el LIF “fomenta el diseño, desarrollo e implementación de soluciones innovadoras que combinan prácticas agrícolas sostenibles con la conservación y restauración del medio ambiente”, según detallaron desde esa organización. Para estar a tono con las nuevas exigencias del mercado mundial, se impulsa la adopción de buenas prácticas agrícolas para la conservación y restauración de campos del Gran Chaco, así como el resguardo de bosques y pastizales naturales.
“Se trata de atender las oportunidades de un comercio internacional cada vez más exigente en materia de producción agrícola sustentable, libre de deforestación y que contribuya a mitigar el cambio climático”, detallaron.
La iniciativa cuenta con tres sitios pilotos seleccionados en Argentina y dos en Paraguay que abarcan unas 155 mil hectáreas y 12 productores. El proyecto contempla el cálculo de la huella de carbono de la actividad productiva, la medición del stock de carbono en la producción y de las áreas silvestres y el monitoreo de biodiversidad en cada uno de los sitios.
