HIDROPUNILLAZO: 22 de marzo – Día Mundial del Agua. Por defender el agua, en Punilla
Elevación a juicio de ambientalistas: Una postal de criminalización de la protesta social.
No hay ejemplo más obvio que lo que sucede en Punilla, para dejar en evidencia que la Justicia, el poder legislativo, y el poder ejecutivo, junto a empresas amigas, forman una “corporación comercial”, por no decir una asociación ilícita.
Lo demuestra la elevación a juicio de la causa que se iniciara a ambientalistas, tanto por una manifestación espontánea al Intendente Gabriel Musso realizado el 13 de agosto de 2022 en un local comercial en Cosquín, así como por acciones pacíficas de resistencia al arrasamiento del río Yuspe y vestigios arqueológicos. Las imputaciones y elevación a juicio fueron firmadas por la fiscal de Cosquín, Paula Kelm.
Mientras, la policía, violando DDHH, se dedicó a reprimir las manifestaciones pacíficas en defensa del ambiente, utilizando métodos de los tiempos más oscuros de la Argentina. El poder judicial de Córdoba, hace dormir en un cajón los amparos y solicitudes de medidas precautorias presentadas por asambleas ambientales y colectivos activos, en la defensa del territorio y de sus habitantes (que son afectados por esta obra).
El Intendente Musso (y todos los intendentes de la Comunidad Regional Punilla por donde pasa la traza) modificó el uso de suelo del territorio coscoíno, con el Concejo Deliberante mirando a otro lado, avalando un proyecto plagado de ilegalidad y complicidad con la empresa Caminos de las Sierras y el gobierno de Schiaretti, para permitir el paso de la autovía de Punilla, que hoy mantiene en vilo a gran parte de la población con explosiones tóxicas y maquinaria trabajando día y noche, dicha obra representa un peligro para los ecosistemas, la cultura, la memoria y la economía de nuestro territorio.
Fuente y nota completa: Unidos por el Monte
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