La privatización y el descontrol amenazan al río Paraná
La Cuenca del Plata está en peligro: gobiernos impulsan decisiones que amenazan la biodiversidad del río Paraná y violan acuerdos internacionales. Es momento de que las organizaciones socioambientales actúen para frenar el avance de políticas destructivas y exigir una gestión sostenible y democrática del territorio.
Los gobiernos regionales siguen tomando decisiones que refuerzan el modelo extractivista en el río Paraná inferior, como el derrocamiento de pasos rocosos en el río Paraguay y el dragado del tramo Cáceres-Corumbá. Estas medidas amenazan ecosistemas frágiles y violan acuerdos internacionales, con el riesgo de desencadenar un ecocidio en la Cuenca del Plata. Se insta a las organizaciones socioambientales a movilizarse para frenar estas políticas y exigir una gestión democrática y sostenible de la cuenca.
En los últimos días, se han tomado decisiones críticas para el río Paraná inferior, como su profundización, el derrocamiento de pasos rocosos en el río Paraguay, y el dragado en el tramo Cáceres-Corumbá (Brasil), lo que amenaza la estabilidad de ecosistemas clave. Estas acciones, que violan acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú y el Tratado de la Cuenca del Plata, resucitan un conflicto ecosocial que se había frenado hace más de 25 años gracias a la movilización social.
La destrucción de diques naturales en el río Paraguay, esenciales para su régimen hidrológico, no ha sido debidamente evaluada desde el punto de vista ambiental, ignorando el impacto del cambio climático. Además, la falta de consulta a las comunidades y el incumplimiento de principios preventivos y precautorios agrava la situación.
Este megaproyecto afecta sitios protegidos por la Convención RAMSAR y podría causar un ecocidio masivo en la Cuenca del Plata. Se hace un llamado a los pueblos de la región y a sus organizaciones para frenar este plan, que ignora las consecuencias ambientales y los derechos de las futuras generaciones.
Esta convocatoria a una movilización social organizada es urgente frente al Decreto Nacional (DNU) 699 del 5 de agosto, que elimina el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (Ecovina), único organismo que había exigido una evaluación ambiental estratégica (EAE) antes de cualquier intervención en el río Paraná. La eliminación de este órgano, que defendía el derecho ambiental y la participación federal, facilita el avance de decisiones que amenazan ecosistemas clave.
El federalismo constitucional se desmantela, permitiendo la privatización de recursos naturales sin estudios ambientales adecuados. La falta de control estatal sobre el cauce del río agrava las crisis hídricas y ambientales en la región.
